Pero todo este capital es «dinero radioactivo»: quema en las manos porque ningún banco europeo con un mínimo de compliance aceptaría ingresarlo sin que saltaran todas las alarmas antiterroristas y de blanqueo. ¿La solución de la trama? Enfrían ese dinero caliente moviéndolo a través de un laberinto de sociedades pantalla para que pierda el olor a crimen y, una vez «perfumado», se lo prestan a Plus Ultra disfrazado de una respetable operación financiera, completando así el ciclo perfecto de lavado.
Ojo al matiz: no lo regalan, lo prestan. En los libros de cuentas de la aerolínea, ese dinero sucio entra disfrazado de «deuda». Parece una operación legítima: una empresa extranjera invirtiendo en una aerolínea española apurada. Hasta aquí, el dinero sucio ya está dentro del sistema, pero la aerolínea ahora tiene una deuda que devolver a los criminales.
Aquí es donde entra la genialidad perversa del plan y donde el Gobierno de España juega, presuntamente, el papel de cómplice necesario, aunque eso lo tendrá que decir el juez. La aerolínea, que en realidad es un cascarón vacío que pierde dinero a chorros, pide ayuda al Estado. El Gobierno, ignorando todas las señales de peligro y retorciendo los informes hasta que confiesan lo inconfesable, le concede un rescate de 53 millones de euros. Ese dinero es impoluto: viene del Tesoro Público, de nuestros impuestos, totalmente legal y fiscalizado. Es el dinero más limpio que existe.
¿Y qué hace Plus Ultra cuando recibe la transferencia de la SEPI? Aquí se cierra el círculo del lavado. La aerolínea coge esos millones limpios de los españoles y los utiliza para devolver los «préstamos» que había pedido a la trama corrupta. Se produce el «cambiazo»: los criminales entregaron dinero sucio al principio fingiendo un crédito, y meses después recuperan su dinero, pero ahora es dinero limpio proveniente de una ayuda estatal oficial. La aerolínea actúa como una tubería: por un extremo entra el fango de la corrupción venezolana y por el otro sale dinero lavado con el sello de garantía del Gobierno de España, listo para comprar inmuebles, yates o relojes de lujo sin que nadie pregunte nada.
Esto explicaría por qué hubo tanta presión política, por qué figuras como Zapatero, según relatan José Luis Ábalos o Víctor de Aldama, insistieron tanto en salvar a una compañía que apenas tenía actividad real. No estaban salvando puestos de trabajo ni conectividad aérea; la sospecha es que estaban salvando el canal de blanqueo. Sin el rescate de los 53 millones, la lavadora se habría quedado sin agua y el dinero de la trama se habría quedado atascado dentro. Y es que la cronología es la pistola humeante de todo este caso. Si usted tenía alguna duda sobre si esto podía ser una casualidad, las fechas le van a quitar la duda de golpe. La respuesta es un rotundo sí. Los préstamos sucios llegaron antes del rescate. Y esto es fundamental para entender la mecánica de la estafa. Justo unos meses antes de que el Gobierno español aprobara soltar los millones, Plus Ultra recibió inyecciones de dinero urgente desde las sociedades pantalla que ahora investiga la Policía.
El 28 de octubre de 2020 firmaron un préstamo con Wailea Invest (Reino Unido) por 500.000 dólares; el 20 de noviembre, otro con Allpa Wira (Suiza) por 500.000 euros; y el 29 de enero de 2021, un tercero con Valerian Corporation por 450.000 euros. Fíjese bien en la última fecha: enero de 2021. Estaban metiendo el dinero en la empresa apenas semanas antes de recibir la luz verde del Gobierno, ya que fue el 9 de marzo de 2021 cuando el Consejo de Ministros aprueba el rescate. Blanco y en botella.
Reino Unido y Suiza son dos de las lavadoras más sofisticadas del mundo precisamente porque parecen limpias. El sistema funciona mediante lo que se conoce como matrioscas societarias. Tú creas una empresa en Reino Unido —pongamos el caso de Wailea Invest, que es una de las empresas de esta trama—, pero ni siquiera te molestas en alquilar un despacho en la elegante City de Londres. Te basta con domiciliarla en Canvey Island, un modesto pueblo costero de Essex.
A ojos de la SEPI y de quien hubiera que engañar dentro del Gobierno de Sánchez, sin embargo, el dinero llegaba de una respetable firma británica, un socio europeo de toda confianza. Pero bastaba con rascar un poco la pintura —algo que nadie en el Ministerio hizo— para descubrir el pastel: esa empresa no tenía empleados, su sede era un simple buzón en una casa frente al mar y los hilos los movía en realidad un contable holandés desde Suiza.
Y aquí viene el chiste final: este mismo ilusionista financiero no solo dirigía la firma británica, sino que también aparecía detrás de Allpa Wira y Valerian, las otras dos prestamistas. Tres nombres corporativos distintos, tres países diferentes, pero el mismo titiritero moviendo los tres muñecos a la vez para simular una multitud de inversores donde solo había una única trama. Recordemos que la investigación nace porque Francia y Suiza alertaron a España.
Y si la ruta europea de Reino Unido y Suiza le parece demasiado sofisticada, siempre nos quedará la clásica escala tropical en Panamá, donde el descaro ya roza el insulto. En la contabilidad de la aerolínea aparecía otro acreedor impaciente: Panacorp Casa de Valores. Bajo este nombre genérico se esconde un banco panameño cuyos directivos y accionistas han sido históricamente vinculados a la maquinaria financiera de Pdvsa, la petrolera estatal de Venezuela.
La jugada fue idéntica: Panacorp prestó dinero a Plus Ultra cuando nadie daba un duro por ella y, en cuanto llegaron los 53 millones del rescate español, parte de ese dinero público cruzó el charco para devolver el favor en Panamá. Es decir, que el contribuyente de Albacete o Móstoles no solo ha pagado la fiesta en Londres, sino que también ha terminado inyectando liquidez en una entidad financiera que opera como el pulmón bancario del régimen chavista. El dinero salió de Madrid, pero el destino final siempre fue engordar la caja fuerte de la dictadura.
Detrás de los testaferros de papel aparece la alargada sombra de Camilo Ibrahim, un magnate que comparte mesa y mantel con Delcy Rodríguez y Cilia Flores, la propia esposa de Maduro, lo que convierte a este rescate en una financiación directa a la aristocracia del chavismo. Y aquí radica la verdadera perversión del plan: los 53 millones eran probablemente lo de menos, calderilla para una dictadura petrolera. El verdadero trofeo era asegurar un puente aéreo inmune, una autopista privada avalada por el Gobierno de España que permitiera a la cúpula de Caracas mover maletas, oro o personas sin pasar por los controles habituales.
Hemos pagado con dinero público la creación de un corredor VIP para una narcodictadura, y si hacemos caso a las confesiones del comisionista Aldama, la factura incluía una propina de diez millones de euros desviados, supuestamente, para engrasar la Internacional Socialista que preside Pedro Sánchez. Al final, la aerolínea estratégica no lo era para España, sino para asegurar la impunidad de quienes saquean Venezuela.
Lo verdaderamente inquietante es pensar que la estructura del Estado español, diseñada para proteger el interés general, pudo ser manipulada para servir de avalista a una organización criminal. Mientras a un autónomo español le pedían hasta la partida de nacimiento de su abuela para darle una ayuda por el covid, a esta presunta trama se le extendió un cheque en blanco que sirvió para legitimar capitales de dudosa procedencia. La UDEF no busca solo facturas; busca demostrar que el Estado español funcionó, durante unos meses, como el cajero automático de la corrupción bolivariana.
Y se preguntará ahora, ¿el rescate fue un regalo (fondo perdido) o un préstamo? Fue un préstamo, pero uno de esos préstamos que a usted, que es una persona trabajadora y honesta, nunca le darían. Técnicamente son 53 millones de euros divididos en un préstamo participativo y otro ordinario. No fue a fondo perdido, tienen la obligación legal de devolverlo. Y aquí está el truco. El préstamo tiene una duración de 7 años y cuenta con un periodo de carencia. La carencia significa que durante los primeros años no tienen que devolver el dinero principal, solo pagar intereses.
Es decir, el Estado les dio el dinero en 2021 y les dijo: «Tranquilos, ya me lo iréis devolviendo poco a poco más adelante». Lo cierto es que Plus Ultra ya ha ido pagando intereses, pero eso son migajas. Es en 2026 cuando llega el hachazo real. Vence el préstamo ordinario.
La gran pregunta es: si ya se han gastado parte del dinero del rescate en esos préstamos sospechosos de lavado de dinero y Plus Ultra es un ruina, ¿cómo se lo van a devolver al Estado? Es decir, ¿cómo nos lo pagan a nosotros, que somos los que hemos prestado ese dinero? ¡Bingo! Esa es la trampa mortal y el motivo por el que esto es un escándalo mayúsculo. Y supongo que usted, que es de los que cuando piensa mal acierta, ya habrá anticipado la respuesta.
La empresa era un desastre absoluto antes del covid (como dicen los informes, perdía dinero desde 2015) y encima ha usado parte de la inyección pública para pagar deudas turbias a tramas venezolanas en lugar de para arreglar el negocio, por lo que la hipótesis más realista es que probablemente no puedan devolverlo. Si la empresa quiebra dentro de un par de años (cuando se acabe la gasolina del dinero público), el Estado español se pondrá a la cola de acreedores. Pero como la empresa no tiene activos reales (recordemos: ¡solo tenía un avión!), el dinero se habrá esfumado.
Se llevan el dinero limpio a Venezuela (vía devolución de préstamos falsos), mantienen la empresa «zombie» viva unos años pagando sueldos y, cuando llegue el momento de devolver el grueso del préstamo a España, si la empresa no es viable, echarán el cierre. Y si te he visto no me acuerdo.
Resultado: los malos han cobrado, la empresa ha vivido del aire unos años y usted, querido contribuyente, se habrá quedado con un pequeño agujero y cara de tonto.
@theobjective
