Hay tres momentos en la vida de las personas. Desde el punto de vista de la economía intergeneracional, existe una etapa en la que las personas obtienen ingresos suficientes para cubrir todas sus necesidades de gasto y, aún más, para pagar impuestos y cotizaciones con los que financiar las necesidades del estado de bienestar. Es un momento que en España, de forma agregada, se podría situar entre los 27 y los 59 años de edad (con datos para 2010). Ahí lo sitúa el informe ‘La equidad entre generaciones como garantía del bienestar social’, publicado dentro del dosier ‘Estado del bienestar, ciclo vital y demografía’ de Fundación La Caixa y coordinado por la catedrática Concepció Patxot, de la Universidad de Barcelona.
Existen otros dos momentos vitales en los que sucede lo contrario: la infancia y juventud y la vejez. Desde los cero hasta los 27 años, las personas en España, con carácter general, no generan los ingresos necesarios para cubrir el gasto privado o público que consumen (desde el alimento, el vestido y el alojamiento, a la educación y la sanidad). La edad estimada de 27 años corresponde a 2010. Es un par de años más tarde de la estimada para las décadas de los 80 y de los 90 el siglo pasado. “El creciente acceso a los estudios universitarios ha retrasado la incorporación al mercado laboral” explica Patxot. En 2012, en plena recesión, esta referencia de edad llegó a los 30 años.
Una situación similar, de déficit del ciclo vital, se identifica a partir de los 59 años: las necesidades de consumo de los mayores se financian en su mayoría gracias a las pensiones públicas y, en su caso, con las aportaciones de las propias familias.
Dos etapas de déficit del ciclo vital y, en medio, como en un bocadillo, un periodo de superávit. El sándwich se repite en todas las sociedades desarrolladas, tal como refleja el proyecto investigador ‘Envejecimiento de Europa. Cuentas Nacionales de Transferencia en Europa’ (AGENTA, por su sigla en inglés), en el que se incardina el informe firmado por Patxot y las académicas Gemma Abio, Elisenda Rentería, Meritxell Solé y Guadalupe Souto. La diferencia entre unas y otras sociedades reside en la duración más o menos extensa del momento central y en cómo se financian las otras dos etapas.
En España, las transferencias de dinero público a favor de la gente mayor (pensiones, sobre todo) no sólo es 33 veces superior al gasto que se destina a familias y jóvenes (9,8% del PIB en el primer caso frente al 0,3% en el segundo, según datos de Eurostat). Además, el peso de las prestaciones de vejez respecto al PIB ha aumentado tres puntos en España desde 2008, mientras que el de las prestaciones familiares se ha mantenido sin cambios.
«Una redistribución de la que se habla muy poco»
“El coste de los niños sigue siendo mayoritariamente privado. Pero esos hijos, que sobre todo sostienen las familias que deciden tenerlos, son los que en la edad adulta van a acabar pagando con sus impuestos y cotizaciones el estado de bienestar de todos: de quienes decidieron tener hijos y de quienes no”, explica Patxot. Desde su punto de vista esto se traduce en una transferencia desde las familias con hijos a las personas sin hijos, que se ahorraron los gastos de la crianza y que tal vez pudieron lograr una mejor promoción profesional. “Es una redistribución de la que se habla muy poco. Una redistribución de la que no nos preocupamos”, advierte la catedrática.
¿Solución? “Tiene que haber un sistema de bienestar que financie tanto a la etapa de infancia y juventud, como al de la vejez y que la primera etapa no se financie de forma mayoritaria con recursos de la familias”, responde Patxot.
¿Eso implicaría detraer dinero público de las pensiones de jubilación para financiar políticas públicas para niños y jóvenes? “En alguna medida sí. Pero también debe haber otro tipo de medidas que implique una mayor contribución al estado de bienestar de quienes no han tenido hijos”
¿Deberían cotizar más las personas que no tienen hijos? “Esa es una de las propuestas que plantean algunos economistas, como el alemán Hans-Werner Sinn. Puede resultar impopular, pero hay que pensar en una política de bienestar a lo largo de la vida”, propone la catedrática de la Universidad de Barcelona.
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