El artículo menciona varios países que han puesto a prueba jornadas más cortas o semanas de cuatro días, como Islandia, y los resultados muestran que en general la productividad no disminuye, y sin embargo, los beneficios para las personas (salud, bienestar, conciliación) tienden a mejorar.

La empresa andaluza situada en Jaén, Software DELSOL, también corrobora esta tesis. Fue pionera en implantar la semana laboral de cuatro días en enero de 2020, un modelo que, según sus responsables, ha traído beneficios como una mayor productividad, una reducción del absentismo y una mejora en la conciliación de la vida personal y laboral de sus empleados, sin afectar su salario.

Aun así, en pleno siglo XXI, con avances tecnológicos sin precedentes y una mayor conciencia sobre la salud mental y la sostenibilidad de nuestras vidas, seguimos anclados en esquemas laborales del siglo pasado y en la trampa de trabajar muchas horas, viviendo poco y lo que es más paradójico, no necesariamente rindiendo más.

Y es que las largas jornadas favorecen la fatiga, el estrés y la falta de concentración, manteniendo en muchos sectores una cultura del “presentismo” que confunde la cantidad de trabajo con el buen trabajo.

España destaca además por ser uno de los países europeos con mayores dificultades para conciliar la vida laboral y familiar. Las jornadas partidas, las pausas largas para comer y la falta de flexibilidad dificultan no sólo el cuidado de hijos o personas mayores, sino también la posibilidad de descansar, formarse, o simplemente tener tiempo libre. En España se trabaja más, pero no mejor.

Una consecuencia evidente se refleja en las bajas tasas de natalidad. Los jóvenes retrasan cada vez más la decisión de tener hijos, no porque no quieran, sino porque simplemente se hace insostenible. Pero la conciliación no es un lujo. Es una condición básica para el bienestar, la igualdad y la democracia. Si la gente no tiene tiempo para cuidar, para participar en actividades comunitarias o para descansar, se debilita la salud, el tejido social y aumentan las desigualdades.

En un mundo donde la inteligencia artificial, la automatización y el trabajo digital han revolucionado la producción, cabría esperar que el beneficio de esa eficiencia se tradujera en más tiempo libre. Pero no ha sido así. Sabemos que la tecnología no es neutra y a lo largo de la historia los avances tecnológicos han sido apropiados por las élites económicas, que los han utilizado para incrementar sus beneficios, sin que eso se traduzca de manera automática en mejoras para la mayoría trabajadora.

Y eso que, como ha documentado ampliamente la economista Mariana Mazzucato en su libro El Estado Emprendedor, detrás de las grandes innovaciones tecnológicas que luego explotan las empresas privadas, suele haber una fuerte inversión pública en investigación, educación e infraestructura y lo peor es que estos beneficios generados no retornan proporcionalmente a la sociedad que los financió, sino que sirven para hacer multimillonarios a unos pocos.

En innovaciones disruptivas como internet, el GPS, los microprocesadores, la nanotecnología, las pantallas táctiles y un largo etcétera, el Estado ha sido un actor decisivo. Reducir la jornada laboral, por tanto, sería una forma justa de devolver a la sociedad parte de ese progreso.

Claro que siempre habrá resistencia, sobre todo a perder privilegios. Algunos sectores empresariales alegan que no podrán asumir el coste de pagar lo mismo por menos horas. Pero esos mismos sectores suelen olvidar que la precariedad, el agotamiento y la falta de conciliación también tienen un coste: rotación de personal, absentismo, desmotivación, y un sistema de cuidados colapsado que termina dependiendo de redes informales o del trabajo no remunerado de las mujeres.

Es hora de actualizar el contrato social: que el progreso tecnológico y económico se traduzca en tiempo libre, en salud mental y en calidad de vida. | @eldiario