

Ainhoa, estudiante de 23 años de la UCM. Foto: cedida a elDiario.es
Ainhoa, estudiante de 23 años de la Universidad Complutense, participaba en la huelga por la educación pública cuando los antidisturbios de la Policía Nacional cargaron contra los piquetes frente a la Facultad de Químicas. Según cuenta a elDiario.es, recibió un porrazo en la pierna, otro en la mano y un tercero que iba a la cara: se protegió con el brazo y acabó con el cúbito roto y dos grapas. «Nadie estaba haciendo nada, estábamos parados», asegura.

Parte de lesiones (datos personales eliminados). Foto: elDiario.es

Radiografía con la fractura del olécranon. Foto: elDiario.es
El informe de Urgencias del Hospital Clínico San Carlos recoge una fractura del olécranon (la punta del codo), policontusiones y la indicación de llevar el brazo en cabestrillo. Ainhoa ha decidido denunciar a la Policía. Los incidentes terminaron con al menos cinco detenidos, y los colectivos estudiantiles hablan de seis heridos.

Parte de lesiones. Foto: elDiario.es
La consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, calificó las cargas de «altercados contra la autoridad» y las justificó, mientras que el delegado del Gobierno, Francisco Martín, dijo que la respuesta debe ser «siempre proporcionada» y pidió una investigación de urgencia. Ainhoa, por su parte, asegura que seguirá en las protestas: «Esto es lo que quieren: amedrentarnos».

Ainhoa, ya escayolada. Foto: cedida a elDiario.es
Fuente: elDiario.es.


Foto: El Mundo
El Gobierno canario de Fernando Clavijo (CC-PP) ha enviado al Gobierno de España una propuesta de real decreto ley para que solo pueda comprar vivienda en las islas quien acredite 10 años de empadronamiento allí. Además, cada persona podría tener como máximo dos viviendas en Canarias, y en municipios distintos, y las empresas o sociedades de inversión solo podrían comprar si su fin es venderlas o alquilarlas a particulares.
El borrador, la «Ley para garantizar el acceso a la vivienda a los residentes en Canarias», forma parte de lo que Coalición Canaria pactó con el PSOE a cambio de apoyar el primero de los decretos «Maricarmen», el que limita los desahucios de personas vulnerables. El motivo: según las estadísticas, un tercio de las viviendas que cambian de dueño acaban en manos de extranjeros, y muchas terminan en el alquiler vacacional.
Para no chocar con la libre circulación de personas y capitales en la UE, la propuesta no distingue por nacionalidad sino por residencia, acreditada con el padrón, y se apoya en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE, que permite un trato singular a las regiones ultraperiféricas. El Ejecutivo canario alega la poca superficie de las islas y la gentrificación que expulsa a los residentes.
Fuente: El Mundo.